David Luna se Transforma para Escuchar Voces Ciudadanas sobre Política

Jaime Beltrán pide aclaraciones clave sobre fallo que anuló su elección

El equipo legal de Jaime Andrés Beltrán Martínez, actual mandatario de Bucaramanga, liderado por el abogado Humberto Sierra Porto, ha formalizado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una serie de solicitudes de aclaración. Estas peticiones surgen a raíz del fallo de segunda instancia que confirmó la anulación de su elección como alcalde. El documento, radicado el pasado miércoles y que comprende nueve folios, busca precisiones sobre diversos puntos del dictamen. Algunos analistas jurídicos interpretan esta acción como una estrategia para extender la permanencia de Beltrán en la administración municipal por algunos días adicionales, previo a su inminente salida. La primera petición del abogado Sierra Porto se enfoca en el "punto oscuro" que, según la defensa, motivó una prueba oficiosa por parte del alto tribunal. Se cuestiona la demostración del elemento modal de doble militancia por apoyo, un requisito indispensable para la declaratoria de nulidad. Específicamente, se objeta la consulta del Tribunal Administrativo de Santander sobre la afiliación del código 14 –correspondiente al partido Colombia Justas Libres, que avaló a Beltrán–, argumentando que carecía de sustento jurídico sin una autorización judicial previa. Otro aspecto que se pide esclarecer es la "configuración del elemento temporal" respecto a las pruebas vinculadas con Vilma Alexandra Cadena Ardila, candidata al Concejo por el Partido de la 'U'. La defensa subraya que el video crucial, que supuestamente muestra a Beltrán apoyando a Cadena, no especifica el número de tarjetón de la aspirante ni si la grabación se realizó dentro del periodo oficial de campaña electoral, un marco temporal crítico para establecer la infracción. En esa misma línea, se solicita claridad sobre el respaldo brindado a Edisson Ferney López Casallas, del Centro Democrático, y a Rosa Mabel Román Romero, del Partido de la 'U', ambos aspirantes al Concejo de Bucaramanga. La defensa del burgomaestre en funciones enfatiza que el fallo no establece de forma explícita si estas acciones constituyen doble militancia, pese a que en videos se observa a Beltrán instando al voto por López. El abogado Sierra Porto también instó a una clarificación sobre un "principio de reciprocidad", una noción planteada por el magistrado Omar Joaquín Barreto. Este postulado sugiere que los candidatos a alcaldías podrían apoyar a aspirantes a corporaciones públicas como Concejos y Asambleas, siempre y cuando estas últimas formen parte de una coalición o un coaval con la colectividad. Finalmente, una de las solicitudes más importantes busca entender los efectos de la sentencia: si es *ex tunc* o *ex nunc*. Si se interpreta como *ex tunc* (retroactiva), invalidaría sus actos como alcalde y podría generar una inhabilidad para futuras elecciones atípicas. Por el contrario, si es *ex nunc* (aplicable desde el momento del fallo), sus acciones previas serían válidas, y Beltrán podría postularse nuevamente. Esta distinción es fundamental para el futuro político del actual mandatario. La presentación de estas aclaraciones introduce una nueva dimensión en el proceso judicial que definirá el destino de la administración de Bucaramanga. Mientras tanto, la ciudad se prepara para unas inminentes elecciones atípicas, que anticipan una nutrida participación de aspirantes.

Política

Falsificación Documental Retrasa Adjudicación del PAE Millonario en Santander

La adjudicación de un cuantioso contrato para el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Santander, valorado en más de $166.000 millones de pesos, ha sido postergada tras la aparición de un documento presuntamente fraudulento. Este incidente ha generado un significativo revuelo en el proceso licitatorio que definirá el operador del servicio para 82 municipios no certificados en educación del departamento. Según informó la Secretaría de Educación de Santander, la causa del aplazamiento fue la difusión de un supuesto informe de visita sanitaria que señalaba irregularidades en una bodega del actual operador del PAE, situada en el municipio de Capitanejo. Sin embargo, tras una exhaustiva verificación, se determinó que el documento era completamente falso. El secretario de Educación, Nicolás Ordóñez, confirmó que las firmas presentes en el escrito no correspondían a la realidad y que no se había realizado ninguna inspección reciente en el lugar. Ante la gravedad de la situación, la Gobernación de Santander anunció que emprenderá acciones legales. Se presentarán denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de falsificación de documento público, buscando esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de esta maniobra que atenta contra la integridad del proceso. El incidente forzó el aplazamiento de la audiencia de adjudicación, originalmente programada para el miércoles, que ahora tendrá lugar este jueves. Para esta millonaria licitación, se han presentado dos proponentes: el Consorcio 82-M Santander y la Unión Temporal Unidos por Santander, siendo el actual operador uno de los participantes. El Comité de Transparencia por Santander, una organización que ha mantenido una vigilancia activa sobre este proceso, expresó su enérgico rechazo a estas prácticas. La entidad condenó las "actuaciones malintencionadas" que buscan socavar los principios de transparencia y buena fe esenciales en la administración pública. Reafirmaron su compromiso de continuar ejerciendo un control social objetivo e independiente, velando por la correcta gestión de los recursos y la calidad del servicio PAE. Actualmente, las dos propuestas presentadas, junto con las observaciones de los interesados, están siendo evaluadas. El contrato vigente del PAE en Santander finalizará en septiembre, por lo que la resolución de esta licitación es crucial para asegurar la continuidad del servicio alimentario para miles de estudiantes en la región.

Política

Bucaramanga: Polémica Presupuestal por Vigencias Futuras en Transición de Alcaldía

Bucaramanga atraviesa un momento de alta incertidumbre política. La reciente invalidación del mandato de su alcalde, Jaime Andrés Beltrán Martínez, por parte del Consejo de Estado, ha desatado un complejo escenario de transición que contempla la sucesión de al menos cuatro mandatarios en los próximos meses, cada uno con potestad económica. En este contexto de inestabilidad, una cuestión presupuestal ha captado la atención y generado un encendido debate: la aprobación de "vigencias futuras". Esta controvertida práctica, asociada popularmente con "vaciar las arcas" al comprometer rápidamente los recursos públicos sin planificación estratégica, cobra relevancia ante la perspectiva de que la próxima administración encuentre el presupuesto ya comprometido. La polémica se intensificó luego de que el actual alcalde, próximo a dejar su cargo, convocara a sesiones extraordinarias del Concejo hasta el 21 de septiembre, para discutir 18 proyectos, siete de los cuales corresponden a "vigencias futuras". Estos siete proyectos buscan autorización para destinar fondos de presupuestos futuros (años fiscales posteriores) y suman cerca de $177 mil millones. Los recursos se dirigirían a diversas entidades municipales, incluyendo la administración central, la Dirección de Tránsito, Bomberos, el Instituto de Cultura, el Instituto Municipal de Empleo y el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación. Diversas voces en la ciudad han manifestado preocupación por la premura. Gerardo Martínez, analista político, instó a la prudencia, argumentando que decisiones fiscales de fondo deberían recaer en el alcalde que complete el periodo, no en mandatarios de paso, citando gestiones transitorias anteriores con resultados negativos. El economista John Carlos Pabón expresó asombro por la celeridad del Concejo en un asunto que tradicionalmente se debate en octubre, exigiendo vigilancia ciudadana y transparencia. Por otro lado, defensores de la medida argumentan que la administración pública no puede detenerse. Reynaldo José D’Silva Uribe, secretario de Hacienda, explicó que las vigencias futuras responden a un principio de planeación. Señaló que el presupuesto de 2026 debe presentarse en los primeros días de octubre, y sin la preaprobación de estas, sería necesario reformarlo posteriormente, evitando dilaciones. D’Silva Uribe añadió que muchos contratos esenciales, como los de alimentación o transporte escolar, finalizan en diciembre y requieren continuidad. La licitación de estos procesos demanda al menos 90 días, haciendo inviable su inicio en enero sin la autorización previa. Aclaró que el Concejo autoriza el compromiso de recursos, pero la administración entrante ejecutará los procesos. El concejal Óscar Arenas, de la coalición de gobierno, reconoció las inquietudes por la anticipación. No obstante, enfatizó la responsabilidad del Concejo de garantizar la continuidad de servicios básicos para evitar un "caos institucional". Defendió las vigencias futuras como herramienta legal para mantener programas fundamentales en bienestar animal, desarrollo social, salud y servicios esenciales. Arenas precisó que los proyectos bajo análisis cubrirían un margen razonable de tres a cuatro meses, el tiempo estimado para la transición, buscando ofrecer estabilidad y asegurar la atención ciudadana.

Política

Transición en Bucaramanga: Vigencias Futuras en el Concejo Desatan Polémica

La expresión "raspar la olla", que alude al rápido agotamiento de recursos públicos sin una planificación estratégica, ha resurgido con preocupación en Bucaramanga. Esto se da tras la invalidación de la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde, anticipando una inusual sucesión de al menos cuatro mandatarios en los próximos meses. Cada uno con facultades presupuestales, lo que incrementa el riesgo de que la administración entrante encuentre un erario comprometido. En este complejo escenario, ha generado controversia la convocatoria del alcalde Beltrán a sesiones extraordinarias del Concejo hasta el 21 de septiembre. Entre los 18 proyectos a debatir, siete son vigencias futuras, es decir, la autorización para destinar $177 mil millones de presupuestos de años venideros. Estos fondos se destinarían a diversas entidades, incluyendo Tránsito, Bomberos e institutos de Cultura, Empleo, Juventud, Deporte y Recreación. La situación ha polarizado la opinión pública. El analista político Gerardo Martínez advierte contra decisiones fiscales "de fondo" por parte de administraciones transitorias, citando "raspadas de olla" históricas que terminaron mal, como el encargo del exalcalde Héctor Moreno Galvis en 2011. En la misma línea, el economista John Carlos Pabón expresó asombro por la "premura" del Concejo en un debate usualmente programado para octubre, llamando a la ciudadanía a "estar muy vigilantes" y exigir transparencia. En contraposición, el secretario de Hacienda, Reynaldo José D’Silva Uribe, justificó la medida por imperativos de planeación. Explicó que el presupuesto de 2026 debe presentarse a principios de octubre incluyendo estos compromisos futuros, pues una aprobación posterior implicaría complejas modificaciones. Resaltó la necesidad de asegurar la continuidad de programas esenciales como el PAE y el transporte escolar, cuyos contratos finalizan en diciembre y requieren largos procesos de licitación para iniciar en enero. Aclaró que el Concejo solo autoriza el compromiso, dejando la ejecución a la futura administración. Por su parte, el concejal Óscar Arenas defendió la acción como necesaria para evitar un "caos institucional". Afirmó que el Concejo tiene la responsabilidad de garantizar la continuidad de servicios básicos (bienestar animal, desarrollo social, salud) durante la transición. Arenas precisó que se busca aprobar únicamente lo indispensable para cubrir los primeros "tres o cuatro meses" de la nueva administración, proporcionando estabilidad y asegurando la atención ciudadana.